Después de cinco reuniones en las últimas semanas con la Consejería de Educación y varios borradores con las plazas de estabilización, producto de la negociación con las organizaciones sindicales, se ofertan finalmente un total de 299 plazas en La Rioja para los procesos de estabilización. De éstas, 260 son por concurso de méritos y 39 por concurso oposición modificado.
Este borrador es producto de la negociación que hemos mantenido con la administración, a la cual le hemos reclamado transparencia y que se nos facilite toda la información detallada, con el desglose de plazas y especialidades docentes. La administración ha facilitado todos los datos técnicos y el resultado ha sido el estudio e identificación de las plazas de estabilización, en detalle, vacante por vacante, centro por centro y especialidad por especialidad. Es por ello que para ANPE-Rioja la identificación y cuantificación de las plazas de estabilidad se ha realizado con rigor y en base a los criterios legalmente establecidos.
Otra cuestión diferente es el proceso de estabilización, desde ANPE, venimos denunciando sus consecuencias negativas ya desde el mes de diciembre. Este sistema, para el que no ha habido negociación, parte de una concepción de la estabilización alejada del funcionamiento y de la estructura funcionarial del sector docente y que provocará más desestabilización que estabilización. Desde el inicio de la negociación, ANPE ha planteado una serie de dudas sobre la viabilidad jurídica de este proceso. En lo que respecta al concurso de méritos que obliga a realizar la Ley de estabilidad en los términos pactados con otros sindicatos, tenemos serias dudas de su aplicación y encaje en el sector docente, puesto que es un sistema diseñado y acordado por otras organizaciones sindicales, enfocado fundamentalmente para plazas de otros colectivos de empleados públicos.
Desde ANPE hemos denunciado, hace tiempo, nuestro desacuerdo en los siguientes puntos:
• En el concurso de méritos no se puede exigir presencialidad, ya que se trata de un acto meramente administrativo. Esto propiciará que todo el profesorado pueda participar en todas las convocatorias que se realicen, pudiendo llegar a obtener plaza en más de una Comunidad Autónoma y, al elegir una de ellas, queden el resto vacantes. Esta situación supondrá que se queden multitud de plazas desiertas, que deberán ser ocupadas nuevamente por personal interino.
• En ese proceso de libre concurrencia, nos encontramos con cuerpos y especialidades cuyas plazas convocarán unas CCAA por concurso de méritos y otras no, por haber convocado plazas desde 2016 hasta ahora. Tal vez el caso más llamativo sea el del cuerpo de profesores de EOI, donde las CCAA que no han convocado oposiciones después de 2016 se vean obligadas a sacar todas las plazas vacantes existentes por este sistema, con participación de docentes de todo el Estado, mientras que el resto de CCAA sacan estas plazas por concurso-oposición. Esto produce desigualdades entre los distintos territorios.
• En cuanto a la experiencia, tanto en el concurso de méritos como en el concurso-oposición, hemos pedido que se cuente por curso escolar y no por años. Así evitaríamos discriminaciones y desigualdades en el cómputo del tiempo de servicios entre los interinos a los que no se les ha contado el verano.
• En cuanto a los procesos selectivos anteriormente superados, no se admiten como mérito los superados antes del 2012, cuando hay determinadas especialidades que no se han convocado y, por lo tanto, los aspirantes no concurren en igualdad de condiciones.
• Además, pedimos que no se distinga la puntuación de experiencia en función de la especialidad ejercida.
Este nuevo sistema de ingreso, tanto el de concurso de méritos como el del concurso- oposición, va a propiciar que muchos funcionarios de carrera opten por el mismo y se presenten por libre y no por el sistema de promoción interna, para acceder a otro cuerpo docente, pues es un sistema mucho más sencillo y asequible.
Para ANPE este sistema provocará, como ya venimos denunciando desde diciembre, que la estabilidad que se pretende no sólo no se logre, sino que podamos encontrarnos desde una anulación judicial de los procedimientos, hasta una pérdida de los puestos de trabajo por parte de los interinos. Además, hay docentes que llevan muchos años ocupando determinadas plazas y que lo han hecho como interinos “por obligación” debido a la escasa o nula oferta de plazas de su especialidad. Consideramos que la solución a la estabilidad de las plantillas y para reducir drásticamente la tasa de interinidad, no pasa únicamente por modificar el sistema de ingreso y acceso a los cuerpos docentes, sino por eliminar la tasa de reposición, obligando a las CCAA a que oferten el máximo de plazas posibles para reducir la tasa de interinidad por debajo del 8%.
