VALORACIÓN DE ANPE DEL INFORME 2016 SOBRE EL ESTADO DEL SISTEMA EDUCATIVO


22 Mar, 2017

Intervención del Presidente Nacional de ANPE, Nicolás Fernández Guisado, ante el Pleno del Consejo Escolar del Estado del día 21 de marzo de 2017.
Buenos días Sr. Presidente, señoras y señores Consejeros. En primer lugar, deseo expresar mi reconocimiento por el trabajo realizado a todas las personas que han colaborado en la elaboración de la propuesta del Informe 2016 sobre el estado del sistema educativo, correspondiente al curso escolar 2014-2015, así como a todos los miembros de la Comisión Permanente de este Consejo Escolar del Estado.
Permítanme que inicie mis palabras dedicando un recuerdo de sincero afecto y reconocimiento a quien fuera Secretario General de este Consejo Escolar del Estado D. José Luís de la Monja Fajardo, cuya dedicación a este organismo y a sus consejeros ha sido un ejemplo en el ejercicio de sus responsabilidades administrativas. Deseo con estas palabras honrar su memoria y reiterar todo nuestro pesar y solidaridad por su fallecimiento. También queremos recordar y reconocer al  anterior Presidente de este Consejo Escolar  D. Francisco López Rupérez por el gran trabajo realizado durante su mandato.
Voy a anticipar nuestro voto favorable a la toma en consideración de la propuesta de Informe presentada por la Comisión Permanente a este Pleno del Consejo Escolar del Estado. No podía ser de otra manera, porque ANPE ha participado activamente aportando numerosas observaciones y propuestas de mejora a los borradores del Informe, de las cuales muchas han sido recogidas.
En el ámbito temporal del curso que es objeto de este Informe tuvo lugar el comienzo de la implantación y desarrollo curricular de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) que modifica parcialmente la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), una ley polémica y elaborada sin consenso en el marco de unos recortes insostenibles, con la que ANPE ha sido muy crítico por considerar que no era la reforma profunda que necesitaba nuestro sistema educativo con carácter de estabilidad y con vocación de perdurabilidad y que olvidaba, una vez más, la importancia del profesorado en el éxito del sistema educativo.
Coincidiendo con el final del curso escolar 2014-2015, y casi al final de la legislatura, el Ministro de Educación, Cultura y Deporte Wert fue sustituido por el actual jefe del departamento Íñigo Méndez de Vigo.
La aplicación de la LOMCE, en el curso 2014-15, objeto de este Informe,  ha supuesto, entre otras medidas,  la modificación de la LOE en lo que respecta al diseño curricular  en los distintos niveles y etapas educativas, afectado también a la distribución competencial,  teniendo dichas modificaciones un calendario específico de implantación según lo previsto en la Disposición final quinta de dicha Ley. En su desarrollo durante este periodo se produjeron pocas novedades normativas, siendo destacable la publicación de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato y se regulan las competencias clave del currículo.
No es mi intención hacer en este momento un diagnóstico del estado de nuestro sistema educativo y la incidencia y perjuicio que han originado los recortes en los últimos años en la enseñanza pública y su profesorado. Tampoco de la controversia generada por la puesta en marcha de la LOMCE, de su aplicación y desarrollo, con las últimas decisiones adoptadas respecto a la modificación de las evaluaciones externas y los posibles cambios que se puedan derivar en el futuro como consecuencia de que se alcanzase el tan deseado pacto de Estado.
Pero es obligado reseñar que durante el periodo objeto del informe,  la disminución de los presupuestos de educación a nivel de Estado y de comunidades autónomas  no solamente ha perjudicado la labor docente, sino que ha lesionado la calidad de un sistema educativo ya bastante deteriorado y ha incidido negativamente sobre el alumnado y sus familias, y por ende sobre toda la sociedad.
Desde esta visión retrospectiva de un curso escolar muy duro, marcado también por las confrontaciones electorales y por la inestabilidad parlamentaria, creemos que hemos de mirar al futuro y desde el conocimiento de esta realidad, ha llegado el momento de alcanzar un compromiso que haga de la educación una verdadera prioridad política y social. La mayoría de los ciudadanos, y por supuesto los profesores y me atrevo a afirmar que toda la comunidad educativa  desearíamos que los partidos políticos aparcaran sus diferencias y fueran capaces de ponerse de acuerdo para dotar de estabilidad y perdurabilidad al sistema educativo español. Ojalá el mandato del Parlamento a la Subcomisión constituida en el seno de la Comisión de Educación y Deporte, para la elaboración de un gran Pacto de Estado Social y Político por la Educación, que estos días está realizando sus trabajos, dé sus frutos y siente las bases de un gran acuerdo o pacto de estado para la educación, tan necesario en este momento.
Como hemos tenido ocasión de recordar ante la propia Subcomisión, tenemos un buen punto de partida para impulsarlo: el artículo 27 de la Constitución, verdadero pilar del Pacto de Estado. Y desde esta base, a nuestro criterio el pacto nos debe conducir a tres objetivos esenciales, en   primer lugar recuperar el sentido etimológico de educar frente al más limitado de enseñar. Inmediatamente después, la cuestión académica, combatir el abandono temprano y el fracaso escolar, conciliando la equidad y la calidad para impulsar un sistema educativo de calidad y finalmente ha de contribuir a revalorizar la profesión docente.
Desde estos objetivos hemos planteado nuestras prioridades que pasan por la reversión de los recortes en educación, el impulso de la enseñanza pública como garante de la cohesión social y el principio de igualdad de oportunidades y la situación del profesorado y su futuro profesional.
Precisamente la situación del profesorado profesional requiere un tratamiento urgente en el compromiso de mejorar la educación. Se trata de reconocer ya de una vez la importancia de la tarea docente y de tomar las medidas encaminadas a prestigiarla y protegerla, a motivar a los profesores y a reconocer su profesionalidad. Si el pacto que se alcanzase no abordase en profundidad la situación del profesorado, éste nunca será efectivo.
Estamos, pues, ante una nueva oportunidad para impulsar un Pacto de Estado, Social, Político y Territorial por la Educación a través del diálogo y el consenso, que siente las bases para una reforma global y profunda  que sirva para  crear un marco jurídico estable y perdurable que nos permita dar respuesta  a los retos y necesidades que tiene la educación en España en un escenario tan complejo y cambiante como el actual.
Pero el Pacto, pese a su necesidad, no es un fin en sí mismo, sino un medio, un instrumento necesario para cambiar y mejorar nuestro sistema educativo. Y no es la pócima milagrosa ni el bálsamo de fierabrás que cure todo los males y problemas de la educación por sí mismo. Ni las expectativas generadas hasta la conclusión del mismo, pueden ser tampoco la excusa para no gestionar con eficacia y diligencia los problemas y necesidades que presenta nuestro sistema educativo.
En un sistema transferido como el nuestro es imprescindible el dialogo permanente entre el Estado y la Autonomías y entre las Administraciones y los Agentes sociales. Lamentablemente este diálogo en muchas ocasiones es inexistente o ineficaz. Traigo a colación como un ejemplo negativo de lo que no debería suceder lo que está ocurriendo este curso con las ofertas de empleo: el despropósito y la falta de coordinación al que estamos asistiendo entre el Estado y la CCAA en relación a las convocatorias de oposiciones a los cuerpos docentes donde el Ministerio de Educación, responsable de coordinar las políticas educativas del Estado, no ha ejercido el papel vertebrador necesario en las actuales circunstancias. Los responsables de las CCAA han sido incapaces de ponerse de acuerdo en las convocatorias de oposiciones y el Gobierno no ha proporcionado aún la seguridad o garantía jurídica que permita las posibles convocatorias. Ello ha propiciado que algunas CCAA, cada vez son más, no convoquen y pospongan las convocatorias para los próximos años perjudicando con ello no solo a miles de interinos y aspirantes a ingresar en los cuerpos docentes sino al mismo sistema educativo, que está llegando a tasas de interinidad y precariedad absolutamente desproporcionadas, superando ya más del 25 %, con la consiguiente inestabilidad de las plantillas de nuestros centros docentes.
La educación como hemos reiterado en muchas ocasiones como herramienta básica de regeneración social debe ser un asunto de Estado y no de partido o de territorio. Que las competencias educativas estén trasferidas no significa que el Estado no tenga que definir unos principios y unos contenidos básicos comunes para todos y hacerlos cumplir con la finalidad de cohesionar nuestro sistema.
Concluyo ya mi intervención Sr. Presidente, señoras y señores Consejeros, refiriéndome en este contexto al verdadero papel vertebrador de la educación como asunto de estado que tiene este Consejo Escolar y lo traigo a colación como ejemplo positivo de diálogo y de consenso. Porque desde las distintas sensibilidades y legitimas opciones ideológicas que confluyen en este órgano realiza un trabajo impagable en la emisión de dictámenes y propuestas tanto en la comisión permanente como en los informes anuales de este Pleno, ofreciendo con ello no solo una verdadera radiografía de nuestro sistema educativo sino unas propuestas de mejoras que, de ser atendidas, contribuirían sistemáticamente a la mejora de la educación en España.
Muchas gracias.                                                      
Madrid, 21 de marzo de 2017