El Defensor del Profesor alerta de la inacción de la Administración ante los problemas que atenazan al personal docente
En el curso 2023-24, el servicio prestado por ANPE incrementó en un 7,9% las actuaciones de apoyo al profesorado víctima de situaciones de conflictividad en los centros
El porcentaje de docentes atendidos a los que se les diagnosticó depresión alcanzó el 13,4%, mientras que el 69,9% sufrió ansiedad y al 16,1% se le concedió la baja
El sindicato vincula la incidencia de problemas asociados a la salud mental con la sobrecarga burocrática y la falta de recursos para afrontar los retos educativos
19 / 11 / 2024. El último informe del Defensor del Profesor, servicio prestado por ANPE Sindicato Independiente para apoyar al profesorado víctima de situaciones de conflictividad, refleja un aumento del 7,9% en el número de actuaciones llevadas a cabo en el curso 2023-2024 respecto al año anterior. En total, el servicio realizó 2.101 actuaciones, 153 más que en el curso 2022-2023, la mayor parte de ellas concentradas en secundaria (44,6%) y primaria (36,6%).
La coordinadora estatal del Defensor del Profesor de ANPE, Teresa Hernández, señala que estas cifras son “la punta del iceberg”, pues muestran solo una pequeña parte de los problemas de convivencia en los centros educativos. A pesar de ello, subraya que el informe pone de manifiesto “las dificultades que enfrentan los docentes en su día a día, ante la falta de acción de la Administración para encararlas y poner medios que permitan superarlas”.
El informe evidencia una complejidad cada vez mayor de los casos de conflictividad abordados, así como el impacto que estos tienen en la salud mental del profesorado. Respecto al año anterior, aumenta el porcentaje de docentes atendidos por el servicio a los que se les ha diagnosticado depresión, que alcanzó el 13,4%, (frente al 12,7% del curso 2022-2023), y se mantienen muy altos los niveles de ansiedad (69,9% de los casos) y de bajas médicas (16,1%).
Para la vicepresidenta nacional de ANPE, Sonia García, “la alta incidencia de problemas asociados a la salud mental en el colectivo docente está muy vinculada a la creciente sobrecarga burocrática y a la falta de recursos aportados por la Administración para afrontar los retos educativos”. En este sentido, apunta que “factores como los constantes cambios normativos, la infradotación de las plantillas docentes y de personal de administración y servicios, y las plataformas digitales poco intuitivas y propensas a sufrir dificultades de conexión, así como la puesta en marcha de un número cada vez mayor de coordinaciones y proyectos sin consignación presupuestaria ni de personal, multiplican las tareas que debe realizar el personal docente y le provocan estrés y desmotivación”.
En el curso 2023-2024 se incrementaron en términos absolutos los tres tipos de casos en los que el Defensor del Profesor clasifica los incidentes que sufre el profesorado: problemas con los alumnos, problemas con los padres y otros problemas. El crecimiento más significativo es el experimentado por estos últimos, que representan el 55,5% del total. Entre ellos, destacan muy especialmente los problemas con la Administración, que crecen en 134 casos y alcanzan los 770. Se sitúan como el segundo problema que más reportaron los profesores en el curso 2023-24, al aparecer en el 36,6% de las actuaciones del servicio, solo ligeramente por detrás de las falsas acusaciones (36,9%). A continuación aparecen las faltas de respeto (34,0%), el acoso (20,7%) y los problemas para dar clase (20,0%).
Los conflictos relacionados con el alumnado disminuyen ligeramente en términos porcentuales, al pasar del 43,3% al 41,3%. En valores absolutos, aumentan los problemas a la hora de dar clase (de 410 a 421 casos) y, como dato preocupante, las agresiones de alumnos a profesores (de 138 a 157). Los incidentes más habituales con el alumnado son, por este orden, las dificultades para dar clase, las faltas de respeto, las falsas acusaciones y las amenazas.
Todos los tipos de problemas relacionados con los padres se reducen levemente y se concentran principalmente en las etapas de infantil y primaria. Los más repetidos son las falsas acusaciones, las denuncias en el centro o a la inspección, las faltas de respeto y el acoso. Las agresiones físicas de padres a docentes disminuyen de 49 a 42.
En cuanto a la actuación llevada a cabo por el servicio del Defensor del Profesor, en el 87,6% de los casos se proporcionó asesoramiento a los profesores; en un 63,9%, apoyo; en un 54,7%, información sobre legislación; y, en un 17,7%, asesoría jurídica, que se incrementa con respecto al curso anterior.
Reivindicaciones de ANPE
El sindicato hace un llamamiento a la Administración para que asuma su responsabilidad en el apoyo a los docentes. La coordinadora del Defensor del Profesor advierte de que “la figura del coordinador de bienestar, fundamental para el bienestar emocional y la convivencia en los centros, sigue sin contar con los recursos y la formación necesarios”. Además, subraya que, “aunque existen marcos normativos que favorecen la convivencia escolar, estos no son suficientes sin un verdadero compromiso de los equipos directivos y de la Administración”, e insiste en la importancia de que se impliquen todos los actores de la comunidad educativa. Hernández resalta que “los docentes deben contar con un respaldo adecuado frente a agresiones o falsas denuncias” y que “los protocolos deben ir acompañados de una memoria presupuestaria que asegure su correcta implementación”.
Por su parte, la vicepresidenta nacional de ANPE advierte de que el sistema educativo español necesita “reformas profundas” para mejorar la consideración social del profesorado y garantizar el progreso de la sociedad. En este sentido, demanda “acuerdos estables que garanticen la perdurabilidad de la normativa y estimulen a los profesionales reconociendo sus méritos”. A su juicio, es imprescindible legislar un Estatuto Docente que contemple los derechos y deberes del profesorado, su valoración y su dignificación ante la sociedad, y en el que se articulen medidas que devuelvan la autoridad al docente y se establezcan las bases de una verdadera carrera profesional que haga la docencia más atractiva y motivadora. Además, recuerda la necesidad de que se reconozcan las enfermedades profesionales de los docentes.
Del mismo modo, García exige una “mayor inversión en educación, que permita abordar necesidades como la reducción de las ratios alumnado-docente, el refuerzo de las plantillas docentes y una dotación suficiente de personal de administración y servicios en los centros”. Igualmente, reclama “la simplificación de la documentación que debe cumplimentar el personal docente, la creación de entornos virtuales accesibles para el profesorado y un aumento de las horas de coordinación y acción tutorial con el fin de posibilitar que las tareas burocráticas se realicen dentro del horario de trabajo”.
Con su apuesta por el servicio del Defensor del Profesor, ANPE muestra su compromiso con el apoyo a los docentes que pasan por situaciones de acoso e intimidación, así como su empeño en mejorar la consideración social del profesorado y en situar a la educación y a sus profesionales en el centro de las prioridades del país.
